Artículo de Woldenberg sobre encuestas en elecciones

Encuestas y elecciones

José Woldenberg
2 Abr. 09

Lo recuerdo con nitidez: durante el proceso electoral de 1994 el doctor Jorge Carpizo, entonces secretario de Gobernación y por ello presidente del Consejo General del IFE, se afanó en impulsar que diferentes entidades realizaran conteos rápidos de los resultados electorales. Su premisa y su razonamiento eran sencillos y contundentes: si la autoridad electoral va a contar con pulcritud los votos, vale la pena dar todas las facilidades para que organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, agrupaciones empresariales y quien quiera realice sus propios ejercicios de recuento, porque ello coadyuvará a apuntalar la credibilidad en las cifras.

Se trataba de las primeras elecciones presidenciales luego de los traumáticos comicios de 1988. La suma de los votos estaba colocada en el primer lugar de la agenda electoral. No podía existir el menor velo de suspicacia con relación a los resultados y todas las medidas que coadyuvaran en esa dirección eran bienvenidas. Fue el año en que se inauguró el Programa de Resultados Electorales Preliminares y la propia autoridad, el IFE, realizaría un conteo rápido, el cual encargaría a varias empresas. Pero Carpizo, con buen tino insistía: ojalá en la noche de la elección se multipliquen otros conteos rápidos, ello reforzará la confianza.

Y así sucedió. Aquella noche del 21 de agosto, junto a las cifras que ofrecía el IFE, se dieron a conocer los resultados de más de 10 conteos rápidos realizados por agrupaciones de observadores electorales, televisoras, periódicos y organismos empresariales. Todos coincidían, a grandes trazos, con los resultados oficiales. Y no podía ser de otra manera. Porque cuando los recuentos rápidos -ejercicios estadísticos muestrales- se realizan con profesionalismo y capacidad operativa, suelen ofrecer un acercamiento bastante exacto a los que serán los resultados finales. No es casualidad es ciencia. De esa manera se reforzó la confianza en el recuento; esa convergencia entre las cifras de las autoridades y las de organismos independientes multiplicó la credibilidad.

¿A qué viene esa historia? ¿Tiene algún sentido ese ejercicio de memoria? Pues al parecer sí, dado el conflicto que ahora ha estallado entre un grupo importante de empresas encuestadoras y diferentes institutos electorales locales. A decir de las primeras, en distintos estados de la República se están diseñando normas que impiden que los encuestadores realicen con fluidez y libertad su trabajo. Por ejemplo, se demandan fianzas, se pretende obligarlas a entregar los resultados primero a la autoridad y luego a sus clientes, y en el extremo del absurdo, se quiere que los resultados obtenidos se conozcan tres días después de su levantamiento. “¿Pero qué necesidad…?”, se vuelve a oír la voz de Juan Gabriel.

La legislación federal en la materia es minimalista y así debe ser. Establece que “quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales… deberá entregar copia del estudio completo al secretario ejecutivo del IFE”. Existe sólo un breve periodo de veda: “durante los tres días previos a la elección (antes era de ocho días) y hasta la hora del cierre oficial de las casillas…”. Y quienes realizan ese tipo de ejercicios muestrales deben adoptar “los criterios generales de carácter científico que para tal efecto emita el Consejo General” del IFE, “previa consulta con los profesionales del ramo”. (Artículo 237 del Cofipe).

Esas disposiciones surgieron en un momento en el que se temía que empresas u organizaciones inescrupulosas pudiesen, sin levantar encuesta alguna, publicitar resultados ficticios. Pero paulatinamente en nuestro país se han venido asentando las rutinas que miden los humores públicos y los resultados electorales. Y el propio IFE ha flexibilizado sus acuerdos en la materia porque en el país existen una serie de empresas y organizaciones que a lo largo del tiempo han demostrado su profesionalismo y objetividad.

Así las encuestas preelectorales no sólo sirven a candidatos y partidos como un insumo para diseñar sus estrategias de campaña, sino que le ofrecen al ciudadano común una información nada despreciable. En las dos últimas elecciones presidenciales, por ejemplo, se puede detectar cómo el candidato que aparece en las encuestas en tercer lugar, pierde a una franja de sus votantes potenciales que deciden mudar su voto hacia los candidatos que tienen mayores probabilidades de triunfo.

Los llamados exit-polls o encuestas a boca de urna permiten establecer correlaciones significativas para el estudio del voto y los votantes. Al relacionar edades, sexo, origen, trabajo, condición económica, etcétera, con la emisión del voto, nos ofrecen un mapa de los grupos o franjas de la sociedad que apoyan a los muy distintos candidatos y partidos. Y los conteos rápidos, como ya se dijo, no sólo ofrecen información pertinente la misma noche de los comicios, sino que coadyuvan a asentar la credibilidad en las cifras de la autoridad.

Así que construir obstáculos para que los encuestadores realicen su trabajo no puede resultar sino contraproducente. No sólo para quienes desean realizar encuestas de intención de voto, exit-polls o conteos rápidos, sino también para los ciudadanos y las propias autoridades electorales. En ese terreno, si se garantiza el profesionalismo y la objetividad, todo concurre para tener unos comicios en los cuales los votantes estén mejor informados y los resultados de los institutos se vean acompañados de otros que tienden a reforzar la credibilidad y la confianza. ¿Qué necesidad hay de crear problemas de manera artificial?

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